INFORME DE CNT-VIGO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ARGENTINO EN LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO Y LA PERSECUCIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE EL CASO DE SANTIAGO MALDONADO
El compañero Santiago Maldonado resultó desaparecido forzosamente a manos de la Gendarmería Nacional argentina en la madrugada del 1 de agosto de 2017, la Gendarmería Nacional Argentina irrumpió por la fuerza en el Pu Lof de Resistencia de Cushamen (Chubut, Argentina), sin que medie orden judicial ninguna. Las fuerzas represivas del Estado irrumpieron violentamente con un camión hidrante, e ingresaron al lugar una cantidad indeterminada de gendarmes armados (Escuadrones Nº34 de Bariloche, Nº35 de El Bolsón y Nº36 de Esquel).
Los agentes emprendieron una brutal represión sobre los habitantes con disparos de balas de goma y perdigones de plomo según atestiguan los denunciantes, quemando elementos pertenecientes a la comunidad. Algunos de los que se encontraban en el campamento huyeron hacia río Chubut (ubicado a pocos metros) y hacia un bosque cercano al campamento. Varios testigos señalaron que allí se encontraba el compañero Santiago Maldonado (junto con un video en el que la familia le reconoce), quien ante la represión, huyó hacia la vegetación y se escondió antes de llegar al río Chubut, ya que no sabía nadar. Testigos grabados por la Fiscalía en la zona de los hechos, relataron que “entre los tiros y las agresiones, un segundo más tarde lo pierden de vista y escuchan que un gendarme da la voz de ‘Tenemos uno’ y luego acercan una camioneta de la Gendarmería, abren las puertas traseras y entre varios efectivos rodean las puertas para que no se pueda ver”. La denuncia sostiene que Maldonado fue apresado y subido a un vehículo perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina. De los hechos se deduce que se trata de una desaparición forzada a manos de los crueles mercenarios del Estado argentino por orden del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti (ex abogado defensor de genocidas de la última dictadura argentina) quien a su vez rinde cuentas a la inescrupulosa ministra de seguridad Patricia Bullrich, que en un desesperado intento de proteger a sus salvajes esbirros no ha dudado vilmente en criminalizar a la familia Maldonado. Todo esto ante la impasibilidad del incompetente Mauricio Macri. El Estado argentino es el responsable.
BENETTON CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
El 6 de Enero de 1641 se reunían, junto al río Quillen, El gobernador de ChileFrancisco López de Zúñiga, marqués de Baides y varios loncos (Jefes Mapuches) entre quienes destacaban toquiLientur, secundado por Butapichún, para firmar un tratado que pusiera fin a la Guerra de Arauco a la vez que reconocía la soberanía del pueblo Mapuche sobre sus tierras conocidas en adelante como el Reino de Araucania-Patagonia, fijando la frontera en el río Biobío en Chile (Río Negro en Argentina), a cambio de acabar con las hostilidades y devolver a los cautivos españoles. El tratado conocido como El Parlamento de Quillín o Paces de Quillén sería ratificado por el rey Felipe IV el 29 de abril de 1643. Dicho tratado sería ratificado más de 20 veces entre España, Chile y Argentina.
Sin embargo, en los últimos años del siglo XIX una empresa formada en Londres, TheArgentineSouthernLand Co. (“Compañía de Tierras del Sud Argentino”) conocida también por su sigla TASLCo., recibió como regalo del gobierno nacional la propiedad de casi un millón de hectáreas en el norte de la Patagonia. Los capitales iniciales de esta sociedad estuvieron integrados en gran parte por las mismas tierras que recibía. La Compañía financió a través de sus inversiones y empréstitos con la corona británica el genocidio indígena realizado por el Ejército argentino en la campaña genocida del coronel Julio A. Roca entre los años 1878-1885 (conocida como “La conquista del desierto” y simultáneamente el gobierno chileno iniciaría la “Ocupación de la Araucanía”), obteniendo a cambio las mejores tierras periféricas a la línea del ferrocarril construido por una de sus más de 50 empresas vinculadas, a través del cual exportaba su producción ganadera y lanera (hoy además minera y forestal) sin ningún tipo de control, tasa ni tributo, recibiendo como si fuera poco todo tipo de exenciones, incluso importar bienes de consumo con los que abastecía sus estancias, reduciendo la remuneración de los trabajadores y limitando opciones de consumo puertas afuera, eliminando con sus “vales de consumo” la posibilidad de competencia y de emergencia de economías regionales o de colonias.
Según nos cuenta el profesor Ramón Minieri en el ensayo Ese Ajeno Sur, “la Compañía era tan sólo una en un vasto enjambre: más de cincuenta empresas de capital británico que tenían un mismo grupo de directores y de las cuales las más importantes se aposentaban en el mismo edificio en Londres (TheRiverPlateHouse en FinsburyCircus, sede formal de siete sociedades que en realidad eran una sola). Estas ´hermanas´ actuaban en distintos sectores y actividades económicas, desde la explotación de estancias hasta el transporte ferroviario, pasando por la administración, la banca, los fletes marítimos y los seguros. Solamente en el territorio de la actual provincia de Chubut, las entidades de este conjunto llegaron a poseer 2.300.000 hectáreas de campos”.
Las entonces vigentes leyes de tierras fiscales (estatales) y de colonización limitaban las concesiones hasta un máximo de 40 y 80 mil hectáreas para cada concesionario que se obligaba a introducir a familias de colonos, asumiendo a su cargo el desarrollo de la infraestructura necesaria.
El fraude se realizó por etapas. Concesionarios que, aparentemente, carecían de vinculación entre sí, adquirieron concesiones en distintos puntos del país dentro de los máximos legales. De inmediato, los intercambiaron por otros en la Patagonia, realizando así el plan de la Compañía con la cual todos los concesionarios estaban relacionados, cediendo a su turno sus flamantes concesiones, título de propiedad donde constaba nominalmente que estaban libres de ocupantes (indígenas) y, obviamente, sin haber introducido un solo colono que le pudiera reclamar a la Compañía derechos ni exigirle el cumplimiento de obligaciones de desarrollo de infraestructura para colonias.
Fue tan patente el fraude, que algunos de estos trámites fueron aprobados en tan sólo catorce días naturales, contados desde el inicio del expediente. Así, en pocos meses, la Compañía acumuló más de medio millón de hectáreas de territorio Mapuche.
Desde el año 1991, el Edizioni Holding International N.V. de los Benetton controla a la Compañía, nacionalizada en 1982 bajo la razón social “Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A.” (CTSA). En 1996 la CTSA modificó sus estatutos para incorporar la explotación minera como uno de sus objetivos. Entre ese año y el 2002, en las tierras de la empresa y aledañas se realizaron catas que detectaron yacimientos auríferos y argentíferos. El 9 de mayo de 2003 crearon la Minera del Sud Argentino para explotar esos yacimientos que, curiosamente, eran desconocidos por el Estado.
Las concesiones de la última década del siglo XIX fueron mensuradas creando así las estancias de la CTSA de El Maitén, Lepa, Leleque, Pilcaniyeu, entre otras. A diferencia de los actuales modos de medir la tierra con moderna aparatología que sólo realiza la descripción de coordenadas, lados y ángulos, en aquel entonces se relataban aspectos geográficos y (al menos en este caso) culturales del uso del territorio. El agrimensor Pablo Gorostiaga que midió las “colonias” Lepa y Leleque describió dentro en ellas caminos construidos por los aborígenes que utilizan para cazar. La inclusión del término en tiempo verbal presente denotael ejercicio de la práctica cultural Mapuche vigente al momento de la mensura.
Otro dato relevante, también advertido por el profesor Minieri, consiste en un exceso en la mensura de casi 17 mil hectáreas en Lepa, hacia el oeste, Justamente, el lugar donde se encuentra el conflicto por casi 600 hectáreas con la comunidad Mapuche Santa Rosa-Leleque. Describiendo los detalles de la maniobra de apropiación y ocultamiento, a partir del estudio de las cartas que intercambiaban los gerentes y directores en Buenos Aires con los de Londres: “Cuanto menos gente conozca los planos reales de las tierras mejor”(CuthberHacket, gerente general, a John R. Moss, apoderado de TASLCo., Leleque, 27 de febrero de 1918)
El Instituto de Comunidades Indígenas (ICI) previsto por la ley 3.657 del año 1991 jamás fue puesto en funcionamiento ni reglamentado por el poder ejecutivo que tenía 180 días para hacerlo, careciendo aún hoy Chubut de una instancia especializada para recibir los reclamos de los pueblos indígenas, lo que torna imposible asegurar el título de propiedad comunitaria gratuito que la ley 3.765 obliga al Estado a otorgarles.
Aunque pasaron más de 10 años de incumplimiento silencioso de la Resolución Nº 167/02 de la Defensoría del Pueblo que recomendó adoptar medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de participación y consulta de los pueblos indígenas, con carácter previo a toda adjudicación y/o resolución que involucre tierras fiscales, todavía no se puso en funcionamiento la Comisión de Tierras Indígenas creada por el art. 39 de ésta, que debe dictaminar previo a la adjudicación de tierras, quedando sometida a revisión por imperio de la ley (art. 42), todas aquellas operadas hasta la fecha sin tal intervención de la CTI.
Queda así patente y fehacientemente demostrado el expolio al pueblo originario Mapuche a través de prácticas mafiosas por parte del Estado argentino y la compañía Benetton.
EL CASO JOE LEWIS
En los últimos meses se discute en Río Negro una polémica modificación a la Ley de Tierras que permitiría la venta de aproximadamente unas 500.000 hectáreas de tierras fiscales (estatales), muchas de ellas dentro de territorio Mapuche. El proyecto busca atraer inversiones inmobiliarias y abriría la puerta para el ingreso de empresas mineras que quieren explotar la zona cordillerana. Una muestra más de los atropellos y total desprecio hacia la comunidad Mapuche es el proyecto inmobiliario del multimillonario Joe Lewis (amigo del presidente Mauricio Macri) que la Justicia puso en suspenso. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche dictó una medida cautelar que suspende el avance de la iniciativa, que tuvo una resistencia fuerte por parte de los habitantes y que tiene denuncias por irregularidades. Tanto el intendente de la localidad de El Bolsón Bruno Pogliano, como el Concejo Deliberante están de acuerdo en que la empresa Laderas S.A. (vinculada a Hiddel Lake, de Lewis) construya un barrio exclusivo en la Reserva Natural Mallín Ahogado.
REPRESIÓN Y ASESINATO COMO PRÁCTICAS HABITUALES
No es la primera vez que las fuerzas represivas del Estado argentino hacen gala de sus prácticas criminales impunemente. Desde hace seis años, todos los 13 de enero en El Bolsón cientos de personas marchan reclamando justicia por Guillermo “Coco” Garrido, un joven que apareció ahorcado en la Seccional 12 (comisaría) de dicha ciudad. Los uniformados intentaron hacerlo ver como un suicidio, práctica muy extendida en las comisarías argentinas al igual que las torturas. Luego se supo la verdad: los policías acabaron con su vida a golpes. A día de hoy nadie ha sido detenido ni responsabilizado.
Según datos de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Estatal e Institucional) Desde 1983 hubo más de 210 casos de desaparición forzada en todo el país y más 4960 personas asesinadas por el estado.
Pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria así como una protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, los casos se han seguido acumulando con los años.
Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido los años 1994 (17 casos), 1997 (12 casos), 2001 (13 casos), 2003 (13 casos), 2006 (13 casos) y 2009 (13 casos). Los picos represivos en materia de asesinatos a manos de las fuerzas del estado coinciden curiosamente con los de desapariciones forzadas 1994 (58casos), 1997 (97casos), 2001 (260casos) y 2009 (297casos).
Esto implica que durante los seis años del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se produjeron el 7% de las desapariciones forzadas, durante los diez años de Carlos Saúl Menem (1989-1999) el 33%, en los 3 años en que gobernó Fernando De La Rúa (1999-2001) 9%, durante la transición de gobiernos sucesivos de Puerta, Camaño, Rodríguez Saá y Duhalde (2001-2003) también el 9%, y durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) se produjeron 39% del total de desapariciones.
Estos datos evidencian por qué el Kirchnerismo y todos sus entusiastas intentan lavarse la cara reclamando a cuatro voces la aparición con vida de Santiago a la vez que ocultan intencionadamente que durante su gobierno desaparecieron al menos 90 personas. Entre estos podemos mencionar los emblemáticos casos de Iván Torres (Chubut-2003), Sergio Ávalos (Neuquén-2003), Julio Lopez (La Plata. Buenos Aires-2006), Luciano Arruga (Buenos Aires-2009), Luciano González (Chubut-2009), Mario Golemba (Misiones-2008), Daniel Solano (Río Negro-2011).
La provincia de Chubut, en la que desapareció Santiago, es una de las que cuenta con mayor índice de desapariciones forzadas, con 15 casos desde 1983 a 2017. Allí desapareció forzosamente Luciano González de 41 años en 2009, detenido por el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) en Cerro Centinela en el marco de un operativo de cacería al poblado de Corcovado (Departamento Futaleufú), por la muerte de un policía y en un hecho represivo similar al de Cushamen. Sus restos fueron hallados e identificados en 2013 y el caso sigue impune.
Es por esto que también queremos denunciar la utilización política que se intenta llevar a cabo por parte del Kirchnerismo de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Nuestros desaparecidos no caben en vuestras urnas.
SOBRAN MOTIVOS
La cuestión se agrava aún más cuando escuchamos las declaraciones de los actores responsables involucrados tanto sobre la situación del pueblo Mapuche como sobre la desaparición forzada del compañero Santiago Maldonado. El administrador general de la empresa de Benetton, Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A. Ronald McDonald, que si bien no guarda parentesco alguno con el siniestro payaso, sus declaraciones no son nada rigurosas y mucho menos pueden ser tomada en serio. Este personaje se atrevió a declarar que los Mapuches son chilenos para negarles así el derecho de reclamar unas tierras que les pertenecen legítimamente, ya que este pueblo abarcó ancestralmente tanto la Patagonia argentina como chilena mucho antes de que existieran dichas fronteras “Acá son tan inmigrantes como mi abuelo”, remata McDonald. A la vez que se lamenta que el Estado argentino no considere a la resistencia Mapuche como una organización terroristas, cosa que si hace el Estado chileno “No son ocho locos, detrás hay una organización, Resistencia Ancestral Mapuche” se indigna McDonald. Por todo esto es que Benetton apoya y es cómplice de la represión del Estado argentino hacia el pueblo Mapuche.
Otras declaraciones nefastas son las que lanza la ministra de seguridad Patricia Bullrich quien apuntó contra la familia de Maldonado por no colaborar con la investigación. “Tuvimos una situación difícil, no nos pudimos comunicar con los padres. Hubo una situación de negación para acceder a información básica para la búsqueda de una persona” espetó, cosa que ha sido desmentida por el hermano de Santiago Maldonado, además la diputada Victoria Donda reconoció que en una reunión de la ministra Patricia Bullrich junto con varios diputados e integrantes de la Comisión de DDHH llegó a mencionar la hipótesis de que “por ahí a algún gendarme se le fue la mano”, sin embargo, sus sospechas no se ven reflejadas en sus declaraciones oficiales donde no hace más que defender ciegamente a sus subordinados. Su desvergüenza demuestra no tener límites cuando ha intentado criminalizar a la familia Maldonado tachándolos de violentos “Parece que lo que quieren buscar es acusar al gobierno, de ponerlo en una situación difícil en lugar de estar todos juntos trabajando por un mismo objetivo” señaló Bullrich a lo que siguió: “Les planteamos un trabajo en equipo pero se han manejado de otra manera, fuera de los carriles propuestos y dentro de un clima de agresión y violencia”.
“Queremos trabajar en la búsqueda de acuerdos, con todos los que están colaborando y hemos recibido una negativa a eso” sentenció. También ha escogido victimizarse a la par que ha intentado negar las miserias de sus cómplices uniformados “Se quiere plantear que hay una desaparición forzada, la Justicia está diciendo que no hay indicios de que la Gendarmería se lo llevó. Cada vez está quedando más claro que no es así. Ya no lo decimos nosotros, lo está diciendo la Justicia” ha señalado, cuando en un allanamiento realizado por la Policía Federal en el en el escuadrón 35 de Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad de El Bolsón, ordenado por el juez Guido Otranto, en una de las camionetas encontraron varios elementos, entre ellos una soga con una supuesta mancha de sangre y pelos que fueron sometidos a pericias sin conclusiones hasta ahora, a esto cabe mencionar que en un documento que entregó al juez Otranto, el defensor oficial FernandoMachado había notado que las cuatro camionetas y un camión donde fueron a hacer relevamiento de olores, en Esquel y en El Bolsón, estaban “extremadamente limpias”, como si las hubieran lavado, y una de ellas tenía la faja de seguridad rota. También se ha cambiado la carátula de la causa de “búsqueda de paradero” a “desaparición forzada” quedando así en evidencia las mentiras de la ministra y su gabinete, quien a su vez cuenta con la complicidad del ministro de justicia Germán Garavano y el respaldo del inescrupuloso Mauricio Macri.
Al mismo tiempo, tanto medios de comunicación como diferentes actores políticos, han intentado criminalizar la legítima lucha del pueblo Mapuche así como a uno de sus líderes, el lonco Facundo Jones Huala, quien se encuentra detenido y en huelga de hambre mientras el gobierno chileno pide su extradición para juzgarlo por terrorismo. También quieren hacer ver a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como un peligrosísimo grupo terrorista vinculado a ETA, IRA, PKK , las FARC y demás incongruencias con el afán de desviar el foco de atención a la par que criminalizar sus legítimas reivindicaciones. Nada más alejado de la realidad, se trata de un movimiento de resistencia que deben continuamente defenderse de los permanentes ultrajes y ataques de las fuertemente armadas fuerzas represivas del Estado con apenas unos palos y piedras.
Es por esto que nos vemos en la obligación de movilizarnos para denunciar que Es el Estado argentino el terrorista.
APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO
LIBERTAD PARA FACUNDO JONES HUALA
VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO MAPUCHE
HASTA LA ABOLICIÓN DEFINITIVA DEL ESTADO Y EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES
SALUD Y ANARQUÍA
08 de Septiembre de 2017
D. S. de L. y Juan Otero
FUENTES
Página oficial de la familia y amigos de Santiago Maldonado www.santiagomaldonado.com
CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Estatal e Institucional) www.correpi.lahaine.org
Enlace Mapuche Internacional www.mapuche-nation.org/
Ramón M. Minieri. Ese Ajeno Sur. Un dominio británico de un millón de hectáreas en la Patagonia. Fondo. Editorial.
Artículo de Voces en el Fenix www.vocesenelfenix.com/
Varios artículos de La Izquierda diario www.laizquierdadiario.cl
Pronunciamiento de HIJOS La Plata www.resumenlatinoamer
WEBGRAFÍA
Comunicado de Agrupaciones Anarquistas http://lapeste.org/2017/